Las panaderías generan una variedad de puestos de trabajo, desde panaderos y pasteleros certificados, hasta personal de apoyo para la producción y servicio al cliente. Foto: Pixabay
El Anteproyecto de Ley 243, que fue prohijado a principio de mes en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, apunta a establecer una solución a una situación que frena la economía. Mejorar las condiciones de las mipymes ayudaría a mantener miles de empleos formales.
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No solo en Panamá, sino a nivel mundial, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son el motor principal de las economías. Su rol es crucial para el crecimiento económico, la innovación, la reducción de la pobreza y la creación de empleo en grupos vulnerables, contribuyendo a un desarrollo más equitativo y resiliente.
Son las principales creadoras de puestos de trabajo, lo que les permite ser el principal sustento para muchas familias y comunidades.
Panamá tiene cerca de 200 mil mipymes, que representan el 97% de todas las empresas del país y generan el 49% del empleo formal, pero solo generan el 9.76% del Producto Interno Bruto (PIB).
Pese a su importancia, no cuenta con fácil acceso a financiamiento por los complejos requisitos que exigen los bancos. Un 78% de la demanda de crédito de este segmento empresarial no es atendida, es decir, que de cada 100 micro, pequeñas y medianas empresas, un poco más de 20 tienen acceso a financiamiento bancario. El resto no encuentra ese soporte en el sistema financiero por lo que deben acudir a otros canales que suelen ser más onerosos.
El mayor generador de empleo sin acceso a financiamiento
En resumen, el sector de mayor generación de empleo en Panamá no tiene acceso al crédito en cantidades suficientes, lo cual limita su capacidad de crecer, y a la vez de generar más y mejores puestos de trabajo.
Por lo tanto, mejorar las condiciones a las mipymes y garantizar el flujo de caja, no solo aseguraría la recuperación del sector, sino que ayudaría a mantener miles de empleos formales, y dinamizaría la reactivación del país, según opinión de economistas y analistas.
De ahí que para muchas empresas de este sector que proveen servicios al Estado su tabla de salvación podría estar en que se aceleren los pagos y se acorten los tiempos de espera para cobrar las facturas.
Apoyo a las mipymes para reactivar la económica
Tomando en cuenta el peso de las mipymes y que urge tomar acción a fin de bajar el porcentaje de desempleo que ya casi roza a los dos dígitos y reactivar la economía, ha surgido una iniciativa legislativa que “Crea el mercado competitivo de descuento de facturas certificadas públicas y privadas mediante cesión de cuentas por cobrar a fideicomisos autorizados para la reactivación económica”.
El Anteproyecto de Ley 243, que fue prohijado a principio de mes en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, apunta a establecer una solución a una situación que frena la economía.
Expertos plantean que mejorar las condiciones de las mipymes y garantizar el flujo de caja, no solo aseguraría la recuperación del sector, sino que ayudaría a mantener miles de empleos formales, y dinamizaría la reactivación del país.
Detalles del Anteproyecto de ley 243
En la exposición de motivos del anteproyecto de ley presentado por el diputado Isaac Mosquera se destaca que es fundamental aumentar de forma importante el crédito privado interno a fin de que la economía pueda registrar un rápido crecimiento.
Por ello, la aprobación de la propuesta permitiría que las mipymes reciban liquidez sin pasar por severas evaluaciones de riesgo crediticio, sin endeudarse directamente y con un costo financiero muy bajo.
Esto es posible porque el riesgo —y por tanto la tasa de interés— estaría respaldado por la solvencia del Gobierno de Panamá y de grandes empresas participantes, no por la situación financiera de las mipymes. Así se libera capital de trabajo, se activa la producción, crece el PIB y se generan más empleos.
Al respecto el economista Francisco Bustamante considera que hay suficiente ahorro en los bancos, que en lugar de prestar al mercado interno, cerca del 70% fluye en colocaciones en el mercado financiero externo y en su lugar puede ser utilizado para apoyar a las empresas panameñas del sector de las mipymes.
Mecanismos para adquirir las cuentas por cobrar
El mecanismo de fideicomisos autorizados facilitaría a los bancos adquirir las cuentas por cobrar de las mipymes que le venden al Estado y ello contribuye a facilitar acceso al financiamiento.
También le abre el espacio para que empresas de pequeña escala, que no pueden esperar mucho tiempo para cobrar sus cuentas, al cobrarlas rápidamente con esta ley, ofrecerán sus productos y servicios al gobierno, explicó Bustamante, quien además despejó varias interrogantes sobre el anteproyecto de ley.
¿Sustentación económica de la propuesta?
Se concretaría en:
- Eficiencia y, consecuentemente, mejor rentabilidad de los bancos que podrían encontrar otros nichos de negocios, diversificar sus carteras, y mejorar su perfil de rentabilidad.
- Beneficios tangibles para las mipymes, que podrían lograr posicionarse en el mercado financiero como nuevos sectores, lo cual potencia su capacidad de crecimiento y sostenibilidad. Incentivo para que empresas que no le venden al Estado por no poder financiar sus cuentas por cobrar, lo hagan; y que otras empresas informales, tengan incentivos para formalizarse.
- La formalización de empresas genera tributación directa e indirecta, que contribuye a su vez a mejorar la recaudación fiscal.
- El Estado puede lograr un mejor manejo de la Tesorería y mitigar la necesidad de entrar a los mercados a financiar gastos corrientes, aliviando la presión sobre el endeudamiento.
- Mayor número de empresas formales contribuye a la estabilidad económica y contribuye a mejorar las finanzas de la Caja de Seguro Social
¿Cómo garantiza la ley que el riesgo asociado a las facturas certificadas será respaldado por la solvencia del Gobierno y empresas?
El riesgo de pago en las cuentas por cobrar del gobierno depende de la calidad de gestión del gobierno de sus pasivos internos. Este mecanismo de certificación de cuentas por cobrar al Estado para su descuento, entrañan una valorización de mercado de esas cuentas por cobrar. Los mecanismos propuestos de disposición de recursos para honrar los pagos a la fecha de vencimiento, le ofrece a los que adquieran dichas cuentas, con la confianza de que las mismas no corran el riesgo de caer en vigencia expirada.
El otro segmento es el descuento de las facturas o cuentas por pagar de empresas privadas. El riesgo del que la descuente es del emisor de la obligación, no la mipyme que ya sabemos no tiene calificación aceptable de riesgo. Las empresas privadas con solidez financiera no cabe duda de que lograrían que sus cuentas por pagar sean atractivas.
¿Qué beneficios específicos obtendrán los proveedores del Estado al poder cobrar antes sin que el Gobierno incurra en nueva deuda?
Una mipyme que puede cobrar su cuenta, digamos, en un lapso de 30 días.
Independientemente que el Estado en ese momento no tenga que salir al mercado a buscar financiamiento para cubrir gastos corrientes mientras logra recaudar los tributos o ingresos, obviamente que ya tiene un beneficio específico. Recibió su dinero, paga sus cuentas, y puede competir con mejores precios. El Estado puede obtener mejores precios, y logra un mejor manejo de Tesorería y no tiene que recurrir a los mercados permitiéndole mayor flexibilidad en el manejo de sus recursos.
¿Qué impacto tendrá esta ley en los costos de adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno?
Más competidores con mejores perspectivas de pronta recuperación de sus acreencias, deberán bajar los precios de adquisición del gobierno. Hoy día, justo por la demora del gobierno en pagar, los proveedores cobran precios mayores.
¿Cuáles son los posibles riesgos o desafíos que podrían surgir con la aplicación de este mercado de descuento de facturas certificadas?
Como todo producto novedoso, tiene distintos desafíos entre los cuales, habrá (i) un período previo de reglamentación y divulgación de la ley, (ii) establecimiento de los mecanismos de coordinación de las entidades del Estado involucradas, (iii) la divulgación debida del mismo a los involucrados, ya sea en la provisión al Estado, o en su financiamiento. Y (iv) del Estado de asignar oportunamente los recursos y de las entidades involucradas de aplicarlos correctamente.
Propuesta ayudaría a enfrentar severo déficit de liquidez
El consultor empresarial René Quevedo ve con buenos ojos este anteproyecto de ley que ayudaría a enfrentar el severo déficit de liquidez y contracción del consumo que enfrenta la economía, acelerados luego del cierre minero y la pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings, en marzo 2024.
Recordó que entre 2019 y 2024 desaparecieron más de $4,600 millones de recursos privados de la economía, que incluyen $900 millones anuales menos de compras de la operación minera a la economía, $2,165 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo y $1,600 millones de menos flujo de inversión directa extranjera.
“La iniciativa legislativa se focaliza en mipymes contratistas del Estado y empresas grandes, permitiéndole manejar un flujo de caja saludable, fortaleciendo su sostenibilidad financiera. Es importante que, de aprobarse la Ley, su reglamentación establezca mecanismos y controles sencillos, para que estos fondos puedan fluir de manera oportuna”.
https://destinopanama.com.pa/2025/10/impulsan-nueva-ley-para-inyectar-liquidez-a-las-mipymes
