Un tribunal de apelaciones ordenó que el periodista guatemalteco José Rubén Zamora vuelva a prisión tras un mes de arresto domiciliario. La defensa de Zamora puede presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para tratar de detener su retorno a la cárcel. A través de un comunicado en X, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el fallo contra Zamora, quien aún enfrenta un proceso lleno de irregularidades y sin una sentencia definitiva.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega realizó una serie de reformas constitucionales dirigidas a perpetuarse en el poder junto a su esposa e hijos y recrudeció aún más el control de los medios de comunicación.
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En el lado positivo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, firmó las Declaraciones de Chapultepec y Salta II de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reafirmando el compromiso de su gobierno con la libertad de prensa y la democracia en las Américas. Mulino se convirtió en el primer mandatario en suscribir la renovada Declaración de Salta II, que aborda los retos de la libertad de prensa en el entorno digital.
En Venezuela, Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, exigió que la empresa Telefónica, principal proveedora de servicios de internet en el país, explique el bloqueo a medios de comunicación independientes, de acuerdo a los deseos del gobierno chavista. Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió la liberación de 13 periodistas y trabajadores de la prensa venezolanos detenidos luego de las elecciones presidenciales en julio. «Al gremio de los trabajadores de la prensa nos siguen faltando 13», sostuvo la organización en X.
En Argentina, el presidente Javier Milei, volvió a arremeter contra la prensa. El mandatario tildó a los periodistas de «delincuentes del micrófono» y les advirtió que su «privilegio» se ha terminado.
En Bolivia, Evo Morales acusó a la prensa boliviana de considerarlo su «enemigo número uno», durante la presentación de un documental sobre una supuesta operación militar y policial para asesinarlo.
El periodista colombiano Idinadiel Fernández, de Radio Magdalena, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de presuntos miembros del Clan del Golfo. A través de sus redes sociales, compartió los mensajes intimidatorios enviados por WhatsApp y solicitó al presidente Gustavo Petro y al Ministro de Defensa que se garantice su seguridad y la de su familia.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tramitará una denuncia contra el presidente Petro por haber llamado «franquista» a la periodista Salud Hernández en respuesta a una publicación de la comunicadora.
En República Dominicana, la implementación de la Política de Protección de Datos ha generado controversia debido a su impacto en el acceso a la información. La medida permitiría omitir datos que identifiquen a imputados, víctimas, testigos y demás involucrados en los procesos judiciales. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, aseguró que «esto produciría un choque con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo».
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, firmó las Declaraciones de Chapultepec y Salta II de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reafirmando el compromiso de su gobierno con la libertad de prensa y la democracia en las Américas. Mulino se convirtió en el primer mandatario en suscribir la renovada Declaración de Salta II, que aborda los retos de la libertad de prensa en el entorno digital.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
